¿Libertad de expresión?

Olga Diaz

El pasado miércoles el terrorismo volvió a teñir Europa del sinsentido más rastrero con el ataque a la publicación francesa Charlie Hebdo y el asesinato de doce personas en París. Todos los gobiernos occidentales se apresuraron a condenar la barbarie y a mostrar su unidad frente a ella. Por lo significativo que resulta atacar a un medio de comunicación, satírico y que garantiza la libertad de expresión de las democracias consolidadas, el ataque terrorista al semanal se ha convertido en una afrenta al derecho de opinar libremente.

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La otra Andalucía.

 

Declaraciones como las de Mariano Rajoy inciden en subrayar la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Añade que él y su gobierno no tolerarán que las armas silencien las palabras. Resulta cuanto menos paradójico que, sin embargo, sea el propio gobierno de Rajoy el que recientemente ha legalizado el enmudecimiento de los ciudadanos a expresarse libremente. Que los mismos que condenan sin fisuras este ataque, acaben de aprobar en España, bajo el eufemismo de Ley de Seguridad Ciudadana, una norma legal que impide el derecho del pueblo a la reunión, que penaliza las manifestaciones y que vulnera esa libertad de expresión que predican en una batería de medidas más propia de regímenes dictatoriales. Una peligrosa doble vara de medir que nos es insoportable. Instalados en un cinismo político que resulta esquizofrénico, Rajoy se queda tan ancho defendiendo ahora una libertad que niega a su país y a sus propios ciudadanos.

La prima española de Charlie Hebdo, no sería otra que la revista semanal satírica El Jueves, publicación que ha padecido la censura de varias de sus portadas. No puedes enarbolar la bandera de la libertad de expresión cuando estás amenazando, censurando y penalizando a quienes no piensan como tú y lo expresan, ilustraciones mediante, en medios de comunicación que se presuponen garantes de la libertad y pluralidad democrática.

Debe ser que la libertad de expresión en España empieza cuando lo decide el gobierno y termina cuando lo que el otro está expresando afecta a sus espurios intereses.

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